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El Ejecutivo y su política de restricción a la contraloría ciudadana

A nivel discursivo, el Ejecutivo ha venido sostenido la implementación de una política pública de transparencia transversal a sus dependencias, resumida en la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Sin embargo, la evidencia sugiere que el Ejecutivo viene impulsando una política pública fáctica, como consecuencia de una combinación de medidas intencionadas (Correa, 2018) que procuran limitar directamente el derecho de acceso a la información pública (DAIP) a la ciudadanía. Para el caso, en las últimas resoluciones en que el IAIP ordenó al Ejecutivo entregar información pública, la estrategia seguida por la Presidencia ha sido “desafiar” al máximo rector en materia de acceso a la información pública, utilizando mecanismos legales como la solicitud de medidas cautelares ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, presidida por las magistradas Yesenia González y Eymar Rosales de Campos, con el fin de suspender los efectos de las resoluciones del IAIP, es decir, suspender la entrega de la información.

Esta estrategia si bien posee asidero legal, tiene la clara intención política de evitar que la ciudadanía ejerza contraloría social. Lo que parece, es estar formándose un patrón enmarcado en una política pública que restringe el derecho de acceso a la información pública, la cual a la fecha puede evidenciarse mediante ciertos casos. Así, en diciembre de 2019, el Instituto según resolución definitiva NUE 114-A-2019 resolvió que la información relativa al OIE, en materia organizacional y sobre montos de pagos destinados a remuneraciones de bienes y servicios, debía ser pública al no representar una amenaza a la seguridad nacional, siendo este el elemento el principal argumento de la Presidencia para mantener en reserva la información. Ante lo anterior, Presidencia recurrió a la Cámara de lo Contencioso Administrativo presentando un aviso de demanda contra el pleno del IAIP. La Cámara resolvió decretar una medida cautelar suspendiendo así los efectos de la resolución del Instituto.

Otro ejemplo que describe el patrón es el caso que atañe al Ministerio de la Defensa Nacional. En la resolución NUE 207-A-2019, el IAIP ordenó entregar la información concerniente al costo en dinero de la construcción del Hotel Estancia Militar, del edificio del Estado Mayor General del Ejército, nombre de la empresa que realizó dichas obras, copia de documentos de la licitación y de adjudicación de ambos proyectos. Siguiendo la estrategia anterior, el Ministro de Defensa decidió acudir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo para presentar un aviso de demanda con solicitud de medida cautelar, en contra de la resolución emitida por el IAIP (según resolución NUE 207-A-2019). Es pertinente hacer mención que la Corte Suprema de Justicia también ha hecho uso de esta estrategia, ejemplo de ello es el caso relacionado a la entrega de la versión pública de los informes elaborados por la Sección de Probidad en el contexto de investigaciones de enriquecimiento ilícito. Finalmente, la Corte decidió recurrir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo con la finalidad de suspender los efectos de la resolución del IAIP que ordenaba entregar la información (según resolución NUE 124-A-2018).

Una posible acción que terminará por confirmar esta política del Ejecutivo de limitar el DAIP, es que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) como ente obligado, acuda a la Cámara de lo Contencioso Administrativo ante la resolución del IAIP que ordena a dicha dirección entregar información pública concerniente al detalle de costos de viajes realizados al exterior por parte del director de la DGCP, incluyendo fuentes presupuestarias, viáticos y cualquier otro gasto correspondiente (según resolución NUE 297-A-2019). En tal caso, el Instituto reconoce que el ente obligado debe proporcionar el nombre de la persona natural o jurídica que sufragó los gastos del director de la DGCP en ejercicio de sus funciones, sobre la base del principio de máxima divulgación y en sintonía con jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que en el Amparo 713-2015 sostiene que la ciudadanía puede ejercer contraloría sobre las ausencias de los funcionarios públicos durante el ejercicio de la función constitucional.

Finalmente, quienes resultan menoscabados en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y en esencia en sus derechos humanos, son los ciudadanos que pretenden ejercer contraloría social sobre el Órgano Ejecutivo y que a pesar de agotar las vías legales ante el máximo ente rector de la información pública en país, se encuentran ante una nueva barrera de artilugios legales que restringen el acceso a la información al trasladar los casos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La rendición de cuentas que la ciudadanía pretende hacer valer no queda agotada con la mera disposición de información al público (Sandoval, 2016) sino que implica presentar justificación de las decisiones que los entes obligados toman y en tal sentido, cada órgano de poder del Estado se encuentra en la obligación de rendir cuentas eficazmente, en respeto al Estado de derecho.

Si bien, las administraciones anteriores reflejaron grandes falencias en materia de políticas públicas enfocadas en la transparencia y anticorrupción -especialmente por los numerosos casos de corrupción identificados al final de sus períodos- los avances obtenidos no pueden menospreciarse. La promulgación de una Ley de Acceso a la Información Pública, la creación de una Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, así como la implementación del Instituto de Acceso a la Información Pública, fueron hitos o puntos de partida para los gobiernos subsiguientes y lo menos que puede esperarse del Ejecutivo actual, es superar aquellos antecedentes, implementando una política real de transparencia, que incentive la participación de la ciudadanía para evaluar a los funcionarios y gobernantes de manera que estos puedan ser sancionados o premiados por sus actos (Artiga, 2008, ). Caso contrario, consolidar una política que restrinja la inspección pública, no sólo se desvirtúa el interés del Ejecutivo en la transparencia, sino que se atenta contra los avances de una democracia participativa y real.

Bibliografía

Artiga, A. (2008). Propuestas de mejora de la rendición de cuentas. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Correa, G. (2018). Diseño de una política pública: definiciones básicas. Valparaíso, Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Sandoval. W. (2016). Las prácticas de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional. Antiguo Cuscatlán, El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Mainwering, S. (2003). Democratic accountability in Latin America. New York: Oxford University Press.

Presidencia: Información general del OIE

CSJ: Reserva sobre casos sobre enriquecimiento ilícito

Viajes internacionales realizados por el director de centros penales Osiris Luna Meza -2019



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