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“Filtración” de datos personales: una cuestión de derechos humanos

La reciente “filtración” de datos personales a Casa Presidencial (CAPRES) desde el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ha dejado una serie de dudas legales sobre la protección en general de nuestros datos personales. Ante ello surgen preguntas en torno a cómo opera el Sistema de Gestión de Solicitudes (SGS) a nivel técnico y qué autoridades estuvieron involucradas en las acciones que comprometieron los datos de usuarios que solicitan información pública. Al respecto, el IAIP pretende lidiar con la problemática suscitada mediante el desarrollo de una auditoria, en la cual participaría la sociedad civil (de acuerdo con un anuncio del Instituto de fecha 22 de noviembre). Sin embargo, la credibilidad del Instituto se ha dañado y a menos que sus autoridades decidan sobre la base de transparencia llevar a cabo acciones que la repongan en el mediano plazo, se corre el riesgo de profundizar la desconfianza en el sistema nacional de rendición de cuentas conformado por diferentes instituciones, como la Corte de Cuentas de la República, la Sala de lo Constitucional, el mismo IAIP, entre otros.

Es posible apreciar opiniones que no dan tanta importancia al tema bajo el argumento de que “sí no existe nada que ocultar” no hay porque temer que el Ejecutivo tenga acceso a la información de los usuarios del SGS. Otras opiniones han encasillado el problema a nivel eminentemente penal, es decir, limitan la “filtración” de los datos a los delitos de utilización de datos personales y revelación indebida de datos o información de carácter personal (artículos 24 y 26 de la Ley Especial contra los Delitos informáticos y Conexos). Sin embargo, más allá de estas posiciones existen dos aspectos importantes a considerar y que por lo general han pasado desapercibidos en el debate. Estos son: el evidente atropello de una garantía constitucional y la vulneración de derechos humanos.

Así, el artículo 2 de la Constitución de la República garantiza el Derecho a la Intimidad Personal, derecho que no queda desprotegido ya que el mismo artículo en su inciso primero expresa “toda persona tiene derecho a (…) ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Lo anterior implica la protección de la intimidad de los datos personales, lo que significa que como ciudadanos debemos ser protegidos contra el uso ilegal o indebido de nuestros datos personales ya sea por parte de entidades públicas o privadas, dando paso así al Derecho a la Autodeterminación Informativa; el cual, a criterio de la Sala de lo Constitucional, consiste en poder controlar los datos que consten en registros públicos o privados, informáticos o no, y que puedan violentar derechos constitucionales (Amparo 118-2002). En tal sentido, la “filtración” de datos desde el IAIP hacia Casa Presidencial representa un uso indiscriminado y sin autorización de datos personales, constituyéndose lo realizado en un acto completamente abusivo de parte. Pero este abuso indiscriminado representa también un menoscabo a la dignidad de las personas afectadas. Esto en el sentido de que el derecho a la autodeterminación informativa es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad en lo relacionado a la capacidad de los individuos de decidir cuándo y dentro de que limites son públicos los asuntos de su vida personal, como lo pueden ser considerados los datos personales “filtrados”. Esto derriba la concepción de justificar que el Estado puede de forma arbitraria disponer de la información que el SGS recopila con el afán de responder a intereses “propios del Estado”. En otras palabras, el Estado no puede ser considerado como fin en sí mismo, en desmedro de los individuos; pues la persona humana no puede reducirse a un medio o instrumento al servicio de los caprichos del Estado (Inconstitucionalidad 52-2003).

Asociada la situación a un elemento como la dignidad, el problema debe verse a la luz de los derechos humanos. Diferentes tratados internacionales buscan precisamente proteger los datos personales desde dicho enfoque. Para el caso, la Declaración Universal de Derechos Humanos manifiesta en su artículo 12 que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene Derecho a la Protección de la Ley contra tales injerencias o ataques”. Lo anterior indica el reconocimiento de toda persona a su privacidad con el objeto de alcanzar el desarrollo pleno de su vida, protegiendo su personalidad de intromisiones que puedan afectarle en el goce de sus derechos fundamentales. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11 reconoce la protección del derecho a la intimidad, al honor y a la dignidad humana.

Con todo lo anterior, la ciudadanía debe comprender que no sólo están en juego “simples” datos como el domicilio, profesión, números de identidad, etc. El riesgo latente es la vulneración de garantías constitucionales y derechos humanos y que se termine por sentar un precedente de actuaciones que darían paso a la impunidad si no se delimitan responsabilidades y se detiene el mecanismo técnico que vulnera el derecho a la autodeterminación informativa.

Es pertinente exigir que el Estado mediante las instituciones con competencia en la materia como el IAIP, la Fiscalía General de la República y el mismo Ejecutivo, atiendan el deber constitucional de velar por la instauración de resguardos eficaces frente a los riesgos del abuso en el flujo ilimitado e incontrolado de la información personal. El interés de CAPRES en los datos personales de quienes utilizan el SGS sin respetar los derechos que la legislación impone, sólo puede ser calificado de ilegitimo y demuestra una pretensión insana de limitar el derecho de acceso a la información pública, es decir, que los ciudadanos podamos fiscalizar al Estado sin posibles restricciones o inseguridades tal y como debe ser en una verdadera democracia.

Además como medida de carácter urgente y mientras se esclarecen los sucesos por medio de las investigaciones correspondientes, se propone al IAIP que como medida cautelar se ordene a los oficiales de información pública dejar de utilizar el SGS para registrar y/o ingresar los datos de peticionarios de información pública, ya que ha quedado en evidencia y es del conocimiento público que el sistema es factible de ser vulnerado y que por ende, pone en riesgo la seguridad de datos personales y confidenciales de deben ser resguardados en atención a la Constitución de la República y los tratados internacionales en la materia.

Referencias:

Medida cautelar para la PDDH para que se deje de utilizar el Sistema de Gestión de Solicitudes de información

Medida cautelar para el IAIP para que se deje de utilizar el Sistema de Gestión de Solicitudes de información



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