Denuncias

Demanda de inconstitucionalidad contra la LOIE y su Reglamento

Denuncia:
Fecha: 2019-06-25
Caso:
Oficina: Presidencia de la República
Oficial de información: Gabriela Gámez Aguirre/Tel. 2231-8050
Correo: uaip@presidencia.gob.sv
Estado: En trámite
Resultado: No definido

Que amparados en lo establecido en los artículos 183 de la Constitución de la República (Cn), 2 y 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPrCn), venimos a solicitar a la honorable Sala de lo Constitucional que declare la Inconstitucionalidad de un modo general y obligatorio, el artículo 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (LOIE) aprobado por la Asamblea Legislativa en el Decreto Legislativo No. 554, del 20 de septiembre de 2001, publicado en el Diario Oficial No. 178, Tomo No. 352, del 21 de septiembre de 2001; y artículo 12 del Reglamento de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (R-LOIE) aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo No. 47, del 16 de agosto de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 150, Tomo No. 412, del 17 de agosto de 2016; por vulnerar el principio presupuestario de transparencia, rendición de cuentas regulado en el artículo 227 inc. 5 Cn; y por obstaculizar los controles sobre el manejo de fondos públicos que ejercen la Corte de Cuentas de la República establecido en el artículo 195, inc. 1, ord. 4° Cn, y la Corte Suprema de Justicia (art. 240 incs. 3 y 4 Cn), así como el derecho de acceso a la información pública (art. 6 inc. 1 Cn).

Las disposiciones cuestionadas por ser consideradas inconstitucionales son:

Motivo de la inconstitucionalidad:

El artículo 227 de la Constitución ha establecido lo concerniente al Presupuesto General del Estado y que contendrá, así mismo en su inciso 5 del mismo artículo establece de manera más amplia que existirá una ley especial que regule lo concerniente a la “preparación, votación, ejecución y rendición de cuentas de los presupuestos (sig.)”, es decir, que la constitución manda a que la ley especial debe cumplir con los parámetros y principios de rendición de cuenta y transparentar los fondos del Estado. Porque la transparencia no solo radica en conocer cuántos fondos públicos se gastaron en relación a lo presupuestado, sino que también debe permitir que se conozcan los objetivos y estrategias que orientarían las acciones estatales a tomarse durante el ejercicio fiscal, para las cuales se han de asignar los fondos que habrán de ser suficientes. Además, después de la ejecución presupuestaria, esto permite evaluar el grado de cumplimiento del plan de trabajo trazado, en razón del logro de las metas inicialmente planteadas.

Por tanto, la transparencia y la rendición de cuentas respectiva deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino. Esto es, independientemente de que se disponga por ley, respecto de ciertos casos justificados, un manejo reservado de la información.

Todo lo concerniente a la ejecución, transferencia y destino de los fondos del Presupuesto General del Estado, debe estar sujeto al control de las entidades estatales competentes para ello, por efecto de la transparencia y rendición de cuentas, a pesar de que la ley imponga el manejo reservado de la información. Después de todo, la reserva de la información es frente a la opinión pública –aunque no de forma absoluta–, pero en ningún caso con respecto a los controles orgánicos e institucionales contemplados en el ordenamiento jurídico, aunque estos están obligados a tener los cuidados respectivos.

Por mandato constitucional y legal, la etapa de ejecución del Presupuesto General del Estado está sujeta a controles estatales de cara a la rendición de cuentas, no solo respecto a la verificación de lo que se obtuvo en cuanto a lo programado sino, además, en relación a la valoración crítica de lo obtenido. En suma, estos controles no deben tener ningún límite en el acceso a la información, porque solo de esa manera se cumplirían el seguimiento y la evaluación. Esto debe ser así, sin duda, porque el cumplimiento de los fines constitucionales y estatales, en cada ejercicio fiscal, depende del Presupuesto General del Estado. Es decir, que sin acceso a toda la información y documentación presupuestaria no es posible realizar el seguimiento y evaluación que exige la rendición de cuentas, lo que implica, a su vez, una transgresión al principio constitucional de transparencia (art. 227 inc. 5 Cn).

El artículo 8 LOIE y el 12 RLOIE contienen una reserva absoluta que impide que la CCR ejerza su competencia constitucional de fiscalización sobre los gastos a cargo de fondos públicos que realiza el OIE. También impide que se ejerza la contraloría social, con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esta afirmación no solo deriva de un análisis abstracto de las normas legales y reglamentarias frente a los mandatos constitucionales, sino que también se fundamenta en la denuncia pública que realizó la Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidenta de la CCR, publicada el 22 de agosto de 2018, en relación a los obstáculos que la CCR enfrenta para auditar los gastos reservados en la Presidencia de Mauricio Funes (2009-2014) . Por lo que esta reserva sobre la organización y funcionamiento del OIE, su ramo presupuestario, obstaculiza el control efectivo de la CCR sobre la ejecución del presupuesto, y contradice la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional en esta materia.

PETITORIO:

2019-06-25: Demanda presentada



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